El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho, como la democracia representativa (caduca hoy día), y la división de poderes (inexistente en la práctica).
Aboga principalmente por:
- El desarrollo de las libertades individuales y, a partir de éstas, el progreso de la sociedad.
- El establecimiento de un Estado de derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades y el bienestar de las personas.
El liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo, inspirado en parte en la organización de un Estado de derecho con poderes limitados —que idealmente tendría que reducir las funciones del gobierno a seguridad, justicia y obras públicas— y sometido a una constitución, lo que permitió el surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XVIII, todavía vigente hoy en muchas naciones actuales, especialmente en las de Occidente. Al promover la libertad económica, el liberalismo despojó de las regulaciones económicas del absolutismo a las sociedades donde pudo aplicarse, permitiendo el desarrollo natural de la economía de mercado.
Sus características principales son:
- El individualismo, que considera al individuo primordial, como persona única y en ejercicio de su plena libertad, por encima de todo aspecto colectivo.
- La libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etc., cuyo único límite consiste en no afectar la libertad y el derecho de los demás, y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos.
- El principio de igualdad entre las personas, entendida en lo que se refiere a diversos campos: jurídico y político. Es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado.
- El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley.
- El establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y en la discusión y solución de los problemas por medio de asambleas y parlamentos.
- La tolerancia religiosa en un Estado laico.
- La forma de Estado no es determinante para su caracterización, pues puede ser tanto una monarquía constitucional (como en la Constitución de 1812 en España), una monarquía parlamentaria (como en el modelo inglés que se remonta a la Revolución Inglesa del siglo XVII), o una República (como en el caso de la Revolución francesa).
El liberalismo normalmente incluye dos aspectos relacionados: el social y el económico.
El liberalismo social es la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa, así como los diferentes tipos de relaciones sociales consentidas, morales, etc.
Siempre sometida a aprobación por elección popular usando figuras como referendos o consultas públicas, ya que dentro del liberalismo siempre prevalece el Estado de derecho laico y éste, en un Estado democrático, se lleva a su máxima expresión con la figura del sufragio, la libertad de paso, la no regulación del matrimonio por parte del Estado (es decir, éste se reduciría a un contrato privado como otro cualquiera, pudiendo ser, por tanto, contratado por cualquier tipo de pareja), la liberalización de la enseñanza, etc. Por supuesto, en el liberalismo hay multitud de corrientes que defienden con mayor o menor intensidad diferentes propuestas.
El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Según la ideología liberal, la no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia justa, sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de chanchullo institucional.
El Estado liberal pretende ser, según propone el liberalismo económico desde Adam Smith, un estado que no interviene en economía: El mercado se regula por sí sólo, (al contrario que el mercantilismo propio del Antiguo Régimen).
La avaricia confiscatoria del PP no es liberalismo, la protección oligopólica de los sectores de la energía, telecomunicaciones y el rescate a la Banca no es política liberal.
El intento de volver a un sistema de monarquías absolutas por parte de un sector de la sociedad debe fracasar.
Nuestra Constitución ha configurado un ordenamiento cuya pretensión máxima es la garantía de la Libertad de los ciudadanos, y ello, hasta el punto de que la Libertad queda instituida, por obra de la propia Carta Magna como un valor superior del ordenamiento. De ahí, que el texto regule con meticulosidad los Derechos Fundamentales que posibilitan la salvaguarda eficaz de dichos Derechos, y muy especialmente, frente a los poderes públicos.
Un PAÍS que se resigna a vivir en una Democracia de baja calidad, que se ha acomodado en el pensamiento de que no puede luchar contra la injusticia porque olvida que la Soberanía nacional reside en el Pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, es un Pueblo que ha perdido la confianza en sí mismo y en sus posibilidades.
Todos los que ejercen el poder político lo hacen por voluntad de la Nación, y como resultado de una democracia total, a ella deben rendir cuentas: son meros administradores, y en cualquier ocasión son responsables ante ella.
El poder de la Nación reside en los ciudadanos, y por éste motivo, el Estado debe ser la expresión de la voluntad general de toda la sociedad, expresada mediante la participación directa en las decisiones relevantes. Este ejercicio del poder se hace por medio del referéndum vinculante o la manifestación. Ha llegado el momento de responsabilizarnos de la gestión de los asuntos que nos atañen como ciudadanos.
Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, éste tiene el derecho, tiene el deber, de establecer nuevas garantías para su futura seguridad.
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