La crisis del sistema público urge a buscar alternativas
Tic, tac, tic, tac... España esconde una bomba de relojería. Está semioculta porque
la crisis antepone lo urgente a lo importante; pero está ahí. La gente nunca ha
prestado mucha atención a una cuestión clave: cuánto hay que ahorrar para que el nivel de vida no se
resienta cuando llegue la edad de jubilación. Y no lo ha hecho por el
colchón de la pensión pública. Sin embargo, las matemáticas y la demografía son tozudas y cuestionan la
sostenibilidad del actual sistema público de pensiones. Más tarde o más
temprano habrá que poner en marcha un plan para desactivar este artefacto que
amenaza con estallar.
Vivimos en una sociedad envejecida y donde la esperanza de
vida es mayor. Ya hay menos de dos trabajadores que cotizan por cada persona
que cobra la jubilación, una señal de alarma en un sistema de reparto como el
español. Los expertos coinciden: hay que
ponerse manos a la obra y estimular el ahorro privado a largo plazo. Las
últimas reformas van trasladando sotto voce más responsabilidad a los
ciudadanos sobre el dinero que dispondrán una vez jubilados. El Gobierno de
José Luís Rodríguez Zapatero introdujo varias reformas en el sistema público.
Estas medidas incrementan progresivamente la edad para acceder a la jubilación
y alargan el periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión.
Bruselas quiere que se aceleren los plazos previstos en la ley (se alargan
hasta 2027), e incluso hay voces que piden introducir más reformas. En
cualquier caso, parece claro que el futuro será menos generoso que el
presente con la asignación pública que corresponderá a cada persona.
En España, la pensión pública equivale al 81,2% del último
salario percibido. Este ratio está entre los cinco más elevados de los países de la OCDE, donde la media es solo
del 42,2%. Una tasa de sustitución tan alta y basada únicamente en la
prestación pública, explica por qué el patrimonio invertido en fondos de
pensiones en nuestro país equivale solo al 8,2% del PIB frente al 30,7% de
media en la Unión
Europea, o el 75,7% de Estados Unidos.
“En España no hay cultura previsora. Hemos pensado que papá
Estado siempre iba a estar ahí. Hace
falta un cambio profundo en la mentalidad.
La primera condición
para que los ciudadanos puedan acumular capital para la vejez es la vuelta del
crecimiento económico. En 2012 la combinación de recesión, destrucción de
empleo, subida de impuestos y dificultades para acceder al crédito provocó que
la renta disponible de los hogares bajara hasta niveles de 2007. En este
contexto no extraña que la tasa de ahorro de las familias —definida como
porcentaje de la renta disponible que no se dedica al consumo— haya descendido
hasta niveles muy inferiores a su media histórica.
La menor capacidad de
ahorro se nota sobre todo en aquellos productos que se consideran más
prescindibles a corto plazo: las pensiones. El saldo neto de aportaciones a
planes individuales y de empleo —dinero que se invierte en los planes menos
capital que se destina a pagar prestaciones— fue de 58 millones de euros en
2012, el nivel más bajo desde que hay series estadísticas. En 2006, por
ejemplo, el saldo neto fue de 4.388 millones. Los ciudadanos aportaron 1.032
millones menos a los planes, mientras que el dinero destinado por las empresas
a los programas de sus empleados bajó en 666 millones. El pasado año fue el
primero en el que las empresas públicas no hicieron aportaciones a sus
trabajadores, situación que se repetirá en 2013 debido a la política de
austeridad en la
Administración.
Además, la crisis no
solo está frenando las aportaciones sino que se está comiendo el dinero que
mucha gente había invertido para su jubilación. Los fondos de pensiones son
productos ilíquidos. Es decir, están pensados para que el capital acumulado
solo se pueda disfrutar una vez llegada la edad de retiro. Existen, sin
embargo, dos supuestos en los que se puede rescatar el dinero sin penalización:
enfermedad grave y desempleo de larga duración. Pues bien, 324.364 parados han
tenido que echar mano de su plan de pensiones para sobrevivir desde 2007. El
proyecto de ley antidesahucios prevé un nuevo supuesto de liquidez —todavía no
está en vigor— si con el dinero de la pensión se logra evitar el desalojo.
342.364
personas han echado mano de sus planes desde 2007 por desempleo
“La condición necesaria para fomentar el ahorro es la reactivación económica. Pero no es una condición suficiente. Hay que
tomar la iniciativa. El actual modelo, con una dependencia tan alta de la
pensión pública, ofrece dudas sobre su sostenibilidad”.
La ley sobre
modernización de la
Seguridad Social prevé que el Gobierno remita al Congreso de
los Diputados antes del próximo 30 de junio un informe sobre el grado de
desarrollo de la previsión social complementaria y sobre las medidas que
podrían adoptarse para su desarrollo.
“Tanto el sistema público como el privado tienen sus
ventajas e inconvenientes. El primero depende mucho de los ciclos económicos y de
aspectos demográficos. El segundo está expuesto a la evolución de los mercados.
Se trata de fomentar una combinación de
ambos para resistir mejor las diferentes amenazas”.
En España, cuando se puede, se ahorra; pero se ahorra mal. Es necesario fomentar
una cultura de previsión a largo plazo. España sigue siendo un país de ladrillo
e hipotecas. La
Encuesta Financiera de las Familias, elaborada por el Banco
de España, indica que el 80% de la riqueza está invertida en vivienda. El
resto, es decir, la inversión financiera, se situaría solo en torno al 20% del
ahorro total y se caracteriza por su perfil conservador. Los depósitos
bancarios son los productos más utilizados, representando el 46,1% del total de
activos financieros, muy por encima de otros países.
La guerra de las
entidades por fortalecer sus balances con imposiciones a plazo fijo —a la que
ha puesto coto hace poco el Banco de España— y la preferencia de los clientes
por los activos más líquidos en previsión de lo que pueda suceder con su puesto
de trabajo, han provocado que la cartera de inversión media esté repleta de
activos a corto plazo no aptos para preparar una estrategia enfocada a la
jubilación.
La baja cultura
financiera de los españoles debería ser compensada, en teoría, con un buen
asesoramiento. Sin embargo, en un país
donde la comercialización de productos está dominada de forma hegemónica por
bancos y cajas, la forma en la que se han vendido los planes de pensiones no ha
sido la más adecuada. Por un lado, estos productos se han vinculado a
señuelos con poco rigor financiero (vajillas, televisiones o incluso jamones).
Además, el plan de pensiones suele ser usado como moneda de cambio: si quieres
un préstamo o hipoteca tienes que suscribirlo.
Los bancos han usado señuelos con poco
rigor: vajillas o jamones
Otro error ha sido vincular en exceso los planes al gancho
fiscal. Es cierto que las aportaciones reducen la base imponible del IRPF, pero
este gancho no debe ser el único para vender este producto. La jubilación es una etapa de la vida que
puede extenderse en más de 30 años y garantizar el nivel de vida no consiste en
acudir en los últimos meses de cada año al banco para hacer aportaciones a un
plan y desgravar.
Otro factor clave para incentivar el ahorro es la
rentabilidad que se puede obtener. La dispersión de réditos de los planes es
enorme —hay casi 3.000 productos diferentes—, pero, en líneas generales, las
ganancias no son para tirar cohetes. El año pasado el rebote del mercado en el
segundo semestre permitió que la rentabilidad media fuese del 6,59%, aunque si se coge un plazo de 15 años, el rédito de muchos fondos no compensa
el IPC, la ganancia media anual fue de
solo el 2,48%. Este dato es algo desalentador —hay que matizar que el periodo
elegido incluye la mayor crisis económica y bursátil en décadas—, pues
significa que los gestores de un buen número de planes no han podido ni tan
siquiera preservar el patrimonio del cliente al obtener ganancias por debajo de
la inflación.
Buena parte de este comportamiento tan modesto se explica
por la composición de la cartera de los planes de pensiones españoles. El 60,6%
del patrimonio ahorrado para la pensión está en activos de renta fija. Los expertos advierten
de que las inversiones teóricamente más seguras como la renta fija solo deben
predominar en las carteras de personas a partir de una cierta edad (50 o 55
años). ¿Cuál es el momento ideal para
empezar a contratar productos de ahorro a largo plazo? Los asesores de
patrimonio responden que cuanto antes mejor, aunque entienden que entre los 30
y los 35 años es un periodo óptimo. En ese momento es tiempo de asumir más
riesgo y lo lógico sería tener planes de pensiones con mayor exposición a la
renta variable.
El tercer pilar para el
desarrollo del ahorro a largo plazo, junto a la pensión pública y los planes de
pensiones individuales, son los planes de empleo (promovidos por las empresas).
A la luz de los datos, en este ámbito queda mucho por hacer para alcanzar
estándares europeos. El porcentaje de partícipes con un plan de empleo respecto
de la población activa española es tan solo del 12%. Casi en su totalidad, las
empresas que ofrecen planes a sus trabajadores son las grandes corporaciones.
Sin embargo,
el tejido empresarial español en un 80% corresponde a pymes y los expertos sugieren
que sería bueno incentivar a las pequeñas empresas a ofrecer planes de empleo
como parte de los paquetes retributivos, además de suavizarles todas las trabas
administrativas a las que ahora se enfrentan.
España
es un país de pymes y muy pocas tiene planes para sus empleados
Dice un refrán que “ojos
que no ven, corazón que no siente”. Para concienciar a los ciudadanos de la
necesidad de ahorrar a largo plazo, el Gobierno tiene previsto enviar al final
de cada año una carta a los ciudadanos con la estimación de la pensión que le
correspondería en el momento de la jubilación. “Si esto ocurre las cosas
cambiarán. El ciudadano verá que con la pensión le va a ser difícil mantener su
nivel de vida y tratará de ahorrar para la jubilación.
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