SE ABRE UNA GRAN OPORTUNIDAD

En 1978 los españoles tomaron la calle. Fue un año convulso de numerosas manifestaciones y reivindicaciones de todo tipo

Se nos ha abierto una gran oportunidad tras la reforma de la Constitución realizada por PPSOE para reencauzar y reparar las disfunciones que padece la estructura del Estado después de 36 años.

La Constitución es la Ley más importante de un país, y ninguna otra Ley puede ser contraria a ella. Por eso se dice que la Constitución es la Norma Suprema de un Estado. Ningún partido político, ni gobierno, puede reformarla sin el consentimiento del Pueblo, de quien emanan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por ello, la  reforma de la Constitución para incluir el nuevo artículo 135 acordado por el PP y el PSOE - con el consentimiento del Senado, Tribunal Constitucional y resto del Congreso- en el año 2011 es contrario a la Ley. Es decir, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial actúan de espaldas a la constitución. 

La reforma antidemocrática realizada a espaldas de los ciudadan@s ha cambiado sustancialmente la Constitución.

Una reforma de la Carta Magna tiene que basarse en el valor de la democracia pluralista, participativa, y en la soberanía del pueblo si de verdad queremos tener una democracia de alta calidad.

La Soberanía radica en el Pueblo, por consiguiente, todo poder deriva de él, y por ello, requiere de su consenso y aprobación. Los políticos son sus delegados y sirvientes. De manera que, todos los que ejercen el poder lo hacen por voluntad del Pueblo y a él deben rendir cuentas: son meros administradores, y en cualquier ocasión son responsables ante aquél. 

Papeletas para el referendum constitucional.

El Rey Juan Carlos I procede a la sanción de la Constitución el 27 de diciembre de 1978 en el Congreso de los Diputados, en presencia de la Reina Sofía, el príncipe Felipe y el presidente de Las Cortes, Antonio Hernández.

Es evidente que debemos aprovechar la oportunidad para reequilibrar los Derechos constitucionales que han sido, primero ignorados, y después arrasados por las nefastas e ineficientes políticas impuestas desde Europa.

Una reforma que ponga coto a los excesos, no sólo de los partidos políticos, sino de todos los poderes del Estado: Legislativo, ejecutivo y Judicial, y que dé acceso a los procesos de participación directa, democrática, que los ciudadanos exigimos para el siglo XXI. 

Necesidad reformar nuestro sistema de gobierno             

Todo poder de suspensión o ejecución de leyes, por cualquier autoridad que carezca del consentimiento del Pueblo, es injurioso a sus derechos, y no debe ser ejercido. No respetar esta Norma es una usurpación violenta de los Derechos del Pueblo. Es ejercer un poder absoluto, y por tanto, ilegítimo.

            Y cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, éste tiene el derecho, tiene el deber, de establecer nuevas garantías para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento; tal es ahora la necesidad que nos obliga a reformar nuestro sistema de gobierno. La historia actual es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta  sobre este Estado.

            En cada etapa de estas opresiones hemos pedido justicia en los términos más humildes; a nuestras repetidas peticiones se ha contestado solamente con agravios.

            Hemos apelado al sentido de la justicia y les hemos conjurado a repudiar esas usurpaciones.

            Han sido sordos a la voz de la justicia.

El periodo actual está dominado por:

•  Posturas reaccionarias clase política.
• Objetivos políticos duramente reprimidos.

            Nada han querido aprender de los cambios realizados por las revoluciones.

            Debemos pues, aceptar la necesidad y considerarlos como consideramos a las demás colectividades humanas: enemigos en la guerra, amigos en la paz.

            «Si los ciudadanos no son capaces de defender sus Derechos Fundamentales, y no son educados para ello, ninguna ley natural permanente e inmutable los salvará»

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